¿Quién abre la urna? El INE dejó de anular la boleta que no cabe por la ranura

La ranura de una urna mide tres milímetros de ancho por doce centímetros de largo.

La boleta de diputados mide veinte por veintiocho. Ni por su lado corto pasa. Para meterla hay que doblarla.

Por eso una boleta completamente lisa adentro de la urna es una pregunta física antes que legal. No entró por la ranura. Entró por arriba.

En México eso tiene nombre desde hace décadas: urna embarazada. Boletas ya marcadas que alguien mete antes de que abra la casilla o después de que cierra. La defensa también era vieja y simple. Boleta sin doblez, voto nulo.

El 3 de septiembre de 2026 el Consejo General del INE cambió esa regla. Ahora la boleta lisa se aparta, se levanta un acta y el consejo distrital decide si se cuenta o no. Ya no se anula sola.

La regla no se cambió en el vacío. Se cambió justo después del año en que el fenómeno explotó.

En la elección federal de 2024 aparecieron boletas lisas en 20 casillas. En la elección judicial de 2025, 918 casos.

Son 46 veces más en un año. Lo dijo en sesión el presidente de la Comisión de Organización Electoral, Martín Faz.

Ese mismo año el INE anuló 818 casillas, casi el uno por ciento del total. En 476 la causa fue la boleta sin doblez. Más de la mitad de todas las anulaciones de una elección nacional salieron de una sola señal física. La herramienta funcionaba. Por eso importa que la hayan quitado.

El mismo jueves se votaron dos candados. Los dos se aflojaron.

Boletas lisas: 7 votos contra 4. Filtro de observadores: 7 contra 4. Los mismos siete.

La autora de ambas propuestas fue Frida Gómez Puga, una de las tres consejerías que la Cámara de Diputados designó el 21 de abril de 2026 con 334 votos de Morena, PT y Verde contra 127 de PAN, PRI y MC. Las otras dos, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López, votaron igual. También Guadalupe Taddei, Jorge Montaño y Norma Irene De la Cruz.

Hubo un caso raro. Uuc-kib Espadas dio el mejor argumento físico contra las boletas lisas y votó la propuesta de Rita Bell López que les cerraba la puerta. Aun así, según los acuerdos publicados, votó a favor de los dos cambios. Por ese doble voto la petición no lo incluye por ahora.

Martín Faz, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Rita Bell López votaron en contra de los dos cambios. Sus votos son la mejor prueba del expediente: la advertencia se hizo en la mesa, en voz alta y a tiempo.

Una denuncia que esconde el argumento contrario no aguanta la primera lectura en Washington. Aquí va entero.

La mayoría sostiene tres cosas. Que la falta de doblez no aparece en la ley como causal de nulidad. Que un criterio del Tribunal Electoral de 2025 prohíbe excluir votos con criterios administrativos que la ley no prevé. Y que una decisión colegiada del consejo distrital, fundada y motivada, da más certeza porque se puede impugnar.

La respuesta cabe en una línea: una boleta lisa no es un criterio administrativo. Es evidencia física de cómo entró el papel.

Y la decisión se mueve de lugar. Ya no se toma en la casilla, frente a los representantes de los partidos que vieron el conteo. Se toma en el consejo distrital, después de que el paquete viajó. Es el tramo de la cadena de custodia con menos ojos. Es exactamente el tramo que la oposición señaló en sus impugnaciones.

El segundo candado era una lista contra otra lista.

Desde una orden del Tribunal Electoral de 2022, el INE cruzaba a quien pedía ser observador electoral contra los padrones de quienes operan programas sociales, incluidos los Servidores de la Nación. Con la misma mayoría de siete, ese cruce desapareció. Ahora basta con firmar que no eres uno de ellos.

Taddei defendió el cambio con sus propias cifras: 24 detectados entre 34,881 solicitudes en 2024 y 270 entre 316,430 en 2025.

Léelo al revés. El filtro atrapó a 270 operadores del gobierno que querían vigilar las casillas. Con la regla nueva les basta una firma. Y en la elección judicial, visitantes extranjeros y observadores denunciaron a personas acreditadas como observadoras repartiendo acordeones afuera de las casillas.

Aquí el Tribunal ya se movió. El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó un proyecto que revoca parcialmente el acuerdo INE/CG548/2026 y ordena volver a verificar antes de acreditar. La Sala Superior lo tiene en su sesión del 23 de septiembre.

Una decisión aislada es un debate técnico. Cuatro en la misma dirección son una política.

Agosto de 2024: el INE aprueba el reparto de plurinominales que dio a la coalición gobernante alrededor de 73 por ciento de la Cámara con cerca de 54 por ciento del voto. Esa mayoría hizo posible la reforma judicial. Julio de 2026: aprueba monitorear en noticieros los "mecanismos discursivos indirectos de descalificación" de candidatos. El Tribunal lo tumbó por unanimidad en agosto por su efecto sobre el periodismo. Septiembre de 2026: boletas lisas y observadores.

En todos los casos se retira un control objetivo y se deja una decisión discrecional en manos de los mismos órganos cuya independencia está en duda.

Toda la discusión pública es sobre qué hacer con la boleta que aparece dentro de la urna. Nadie ha preguntado quién hizo la urna.

Las 63,549 urnas y las 432,745 mamparas de la elección judicial de 2025 las surtió, por adjudicación directa, Cajas Graf junto con TOL Producciones.

La licitación se había declarado desierta. En 2023 la Unidad de Inteligencia Financiera congeló a Cajas Graf y a Corporativo Zeg por sospecha de lavado. Ganaron amparos por razones de procedimiento a mediados de 2024. Ningún juez dijo si el dinero era lícito.

El representante legal de esas empresas fue Jesús Octavio García González. En septiembre de 2025 Guadalupe Taddei lo nombró encargado de Administración del INE, con un presupuesto de alrededor de 14 mil millones de pesos. La prensa reportó su salida en abril de 2026.

Hay más hilo. En 2021, Taddei, entonces presidenta del instituto electoral de Sonora, contrató a Cajas Graf por 46.9 millones. Ese mismo año Claudia Arlett Espino, presidenta del de Chihuahua, le dio 33.9 millones. Espino llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE en diciembre de 2024 y renunció el 9 de septiembre de 2026, un día antes de arrancar el proceso, por motivos de salud según su carta. Su encargado de despacho, Roberto Félix, fue secretario ejecutivo del instituto de Sonora de 2014 a 2020.

La elección con 46 veces más boletas lisas se votó en urnas de un proveedor que la UIF había congelado, representado por quien terminó administrando el dinero del INE. Lo que se pide a Washington es revisar las dos cosas: la regla y la cadena de suministro.

Primero la verdad incómoda. En Estados Unidos no existe un delito federal por administrar mal una elección extranjera.

Lo que sí existe es la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración: negar o retirar visas a quien socava la democracia de otro país.

El Departamento de Estado ya creó políticas específicas con esa base para Sudán, Nigeria, Bangladés, Zimbabue, Guatemala, Georgia y Ghana. La de Zimbabue enumera la manipulación del proceso electoral y los actos de corrupción que lo socavan. Para México no existe ninguna. Y desde 2025 Washington ya retiró visas a decenas de políticos mexicanos sin publicar un criterio.

El segundo carril es la corrupción en contratos: la sección 7031(c) y la Orden Ejecutiva 13818, Global Magnitsky. Si los líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado o de la Cámara lo piden por escrito, el Ejecutivo tiene 120 días para responder. El tercero, el lavado de dinero, solo se abre si el dinero tocó bancos o bienes en Estados Unidos. Ese rastreo ya empezó.

La denuncia son cuatro documentos en inglés, fechados el 23 de septiembre de 2026.

Uno al Secretario de Estado por visas. Uno al Tesoro y a Estado por Global Magnitsky y 7031(c). Uno al FBI y al Departamento de Justicia por lavado. Y una carta a cuatro comités del Congreso.

La petición de visas pide una política por socavar la democracia en México antes del 6 de junio de 2027 y revisar bajo ella a seis consejerías: Guadalupe Taddei Zavala, Frida Denisse Gómez Puga, Jorge Montaño Ventura, Norma Irene De la Cruz Magaña, Arturo Manuel Chávez López y Blanca Yassahara Cruz García.

La de Global Magnitsky pide revisar por corrupción en contratos públicos a Taddei, Espino y García González, y a Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones. La de lavado dice con todas sus letras que el nexo con Estados Unidos no está probado y pide al FBI que lo verifique.

La pieza que mueve el reloj es la carta al Congreso. Si la presidencia y la minoría de un solo comité firman la solicitud antes del 6 de febrero de 2027, la ley obliga al Presidente a responder en 120 días, antes de la elección.

El reloj corre. Una política de visas publicada después de la elección sirve para castigar. Publicada antes, sirve para disuadir.